LAS POLITICAS FISCALES Y SU IMPACTO EN EL BIENESTAR
SOCIAL
DE LA POBLACION VENEZOLANA.
UN ANALISIS DESDE EL PARADIGMA CRÍTICO.
PERIODO: 1988-2006
AUTORA:
MSc. LEDIS MESINO RIVERO
TESIS
DOCTORAL
RELACIONES ONTOLÓGICAS
EXISTENTES ENTRE INDIVIDUO, ESTADO Y SOCIEDAD:
Las relaciones ontológicas implican el estudio del ser, del individuo, y
cuando este individuo se relaciona con la sociedad y el Estado, conlleva una
serie de factores relacionados con la interacción del individuo como ser social
y la manera de organizarse dentro de esa sociedad, donde el Estado representa
la forma más importante de organizar la sociedad y el cual es el principal
responsable de la articulación política de esa sociedad y a su vez, el
individuo representa un rol protagónico dentro de esas relaciones de dominación
ejercidas por el Estado. Por tal motivo, toda sociedad, desde el grupo más
pequeño hasta los modernos Estados, implica una forma de organización: un conjunto
de pautas de conducta que definen como deben ser las relaciones entre sus
miembros.
Este orden social no viene determinado por la naturaleza, sino que son las personas
las que lo crean y modifican, dando lugar a diferentes formas de organización social.
Estas formas han ido aumentando su complejidad a medida que lo han hecho también
los problemas a los que cada sociedad debe enfrentarse. Ahora bien, debido al
mismo hecho de la necesidad del individuo de organizarse, es cuando se
establecen las relaciones de dominio y poder, y la institución que representa y
ejerce el poder político es el Estado, cuya existencia y relación que mantiene
con los individuos y la sociedad son algunas veces problemáticas y objeto de
discusión.
El término Estado según Sánchez (2005), tiene su origen en la sociedad
política a partir del siglo XVI, época en que nace el concepto de Estado por
obra de las Teorías de Maquiavelo y de los movimientos de transformación
política de Europa en esta época. Con anterioridad se utilizaban los términos
polis, entre los griegos, civitas entre los romanos, y regnum o imperium, entre
los medievales, pero ni la polis griega, ni la civitas romana, ni tampoco las
organizaciones políticas feudales del mundo medieval, eran Estados en el
sentido moderno, ya que carecían de los atributos fundamentales del Estado (p.
25).
La misma autora señala, que el Estado como institución representa el poder Político,
es decir, la potestad y legitimidad para organizar la sociedad en función de la
separación en función de los diversos poderes que la integran: Poder
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nacido el Estado para proteger la seguridad
de los ciudadanos, por lo que se le añade como misión propia, la defensa de sus
libertades: surge así durante los siglos XIX y XX, el Estado de Derecho, o
Estado protector de las libertades públicas y del bienestar social, con sus
diferentes posibilidades de interpretación.
De igual manera, en la política de Aristóteles, él califica al ser humano,
como un ser social por naturaleza. De allí que el origen de la sociedad y de la
comunidad política, es algo natural, espontáneo, consecuencia de la
imposibilidad de sobrevivir y llevar a cabo la vida diaria si no es en contacto
con los demás: las personas no pueden desarrollar aisladamente sus capacidades
y tampoco alcanzar su propia identidad sin estar en relación con otros.
En virtud de lo anteriormente señalado, es necesario destacar, que el
hombre, desde sus orígenes siempre ha existido en sociedad, desde los grupos
nómadas de recolectores y cazadores, hasta las sofisticadas y complejas
interrelaciones en los grupos contemporáneos. Dentro de este marco de acción,
cabe destacar, que Jurgen Habermas (representante del Paradigma Crítico),
conceptualiza la sociedad, ya no sólo dominada por la razón de acuerdo a fines
o racionalidad teleológica, ni con valores predominantes con el valor de la
ciencia, el valor de la moral y el valor de la religión, para él la sociedad es
una integración de valores y la razón pura por medio de la comunicación, que es
lo que utiliza para lograr dicha integración. Habermas parte de tres
concepciones teóricas, una evolución social, como un devenir de la especie humana,
como un proceso evolutivo continuo, asimismo, le da a la acción social una corporeidad,
el cuerpo sujeto-humano pierde importancia, en cuanto al concepto de sistema,
lo plantea como sistema social trans-subjetivo de procesos de aprendizaje en crecimiento,
con lo anterior el sujeto es cambiado por una estructura que está más allá de
la subjetividad, proponiéndolo como una situación de comunicación.
En concordancia con el planteamiento anterior, en virtud a la relación
individuoestado-sociedad, cabe destacar, que el hombre es un ser social, ya que
es parte siempre de una sociedad, donde una sociedad es el conjunto de personas
ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de
ellas y perdura en el tiempo, ya que recoge el pasado y prepara el porvenir. De
allí que toda sociedad debe buscar el bien común, y éste abarca el conjunto de
condiciones de la vida social, con los cuales los hombres, las familias y las
asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección,
es decir, la búsqueda del bienestar social, donde el Estado juega un papel
importante, ya que el Estado es la organización o estructuración política
(pública) de dicha sociedad. Siempre que hay sociedad hay Estado aunque no
exista una constitución o carta magna.
El Estado se funda en la propia naturaleza humana y su existencia implica
la autoridad y pertenece al orden previsto y por ello, debe desarrollarse
dentro de los
límites del orden moral para procurar el bien común concebido dinámicamente.
Significa entonces, que el Estado debe buscar la consecución del beneficio
colectivo de la sociedad y del individuo como tal, es decir, debe tender
siempre a formar un tipo de hombre culto, capacitado, benévolo respecto de los
demás para provecho de toda la familia humana. En virtud de ello, la
organización política o sea, el Estado, debe contener por tanto, los derechos y
deberes de los miembros de la sociedad, el ejercicio de la soberanía, los
instrumentos que sirven para buscar el bien común y las estructuras de poder y
su funcionamiento.
En el orden económico es importante que el Estado conserve la función
social y el libre mercado debe estar limitado en materia de distribución de
bienes y beneficios por la intervención del Estado, especialmente siguiendo el
principio de proteger a los ciudadanos y grupos más vulnerables y desarrollar
entre los ciudadanos el principio de solidaridad. Es por ello, que el elemento
de solidaridad, de justicia social, equidad y de dignidad humana está por
encima de todo, y esto es necesario tenerlo en cuenta en el momento de concebir
un Estado moderno, donde el bienestar del individuo y colectivo, sea el norte
del mismo, a través de la ejecución de políticas públicas efectivas.
POLÍTICAS FISCALES Y
OTRAS POLÍTICAS ECONÓMICAS COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN
Macroeconómica
Las políticas fiscales, constituyen decisiones tomadas por el gobierno
nacional que implican tanto el financiamiento y uso de recursos y gastos, así
como las decisiones de cambio en la gestión gubernamental necesarios para el
logro de los
objetivos macroeconómicos propuestos. Los instrumentos de la política
fiscal son, los ingresos públicos y el gasto público. Con relación a los
ingresos públicos, la fuente más importante de estos ingresos, son los
diferentes tipos de impuestos aplicados en la economía, aunque también en
algunos países, existe otro tipo de ingreso que son los ingresos provenientes
de recursos naturales, entre ellos, el petróleo. Estos impuestos según Larraín
y Sachs (2002):
Pueden clasificarse en tres categorías como son: impuesto sobre la renta de
personas y empresas, que incluye el impuesto provisional sobre los salarios,
los impuestos al gasto, que incluyen el impuesto a la compraventa, los
impuestos específicos y los aranceles a las importaciones y los impuestos a la
propiedad, que abarcan una amplia variedad de gravámenes a casas y edificios,
terrenos agrícolas y residenciales y herencias (p. 510).
Estos impuestos también son llamados directos e indirectos, los directos
son los que se aplican directamente sobre las personas naturales y jurídicas
(como el impuesto sobre la renta) y los impuestos indirectos son los aplicados
a bienes y servicios, como el impuesto al valor agregado (IVA).
Existen otros tipos de Ingresos del gobierno, entre los cuales se tienen,
los ingresos de capital, que según Massad (2000), “constituyen la venta de
activos físicos o de valores mobiliarios, (acciones, bonos), y la recuperación
de préstamos ligados a la gestión gubernamental” (p. 264). También están los
Ingresos Extraordinarios, que se originan por incremento en los precios de
algunos rubros de exportación.
Con relación al gasto público, éste constituye un componente de la demanda agregada
del gobierno, y según el mismo autor, se puede agrupar en cuatro categorías:
1) Consumo del gobierno, representado por los salarios que el gobierno paga a
los empleados públicos, así como el pago por bienes y servicios adquiridos para
el consumo corriente.
2) Inversión del gobierno, constituido por los gastos de capital, y a su vez
incluyen la inversión real y financiera, más las transferencias de capital. La Inversión
real es la que hace el gobierno en activos físicos que contribuyen al stock de capital
físico de la economía. La inversión financiera considera la concesión de préstamos
con fines de política económica y la compra de valores mobiliarios e instrumentos
financieros.
Por último, las transferencias de capital, son los aportes a organismos del
sector público o privado con fines de inversión.
3) Transferencias al sector privado, incluye las pensiones de retiro, el
seguro de desempleo y otros beneficios de bienestar social a la Población.
4) Intereses sobre la deuda pública, también llamado el servicio de la deuda,
que es el pago de los intereses sobre préstamos a organismos a nivel mundial y también
en el ámbito nacional, como el sector financiero bancario. En ocasiones, este gasto
fiscal se suele dividir en sólo dos grupos, los gastos corrientes, que
comprenden el pago de salarios y la compra de bienes y servicios, intereses
pagados y transferencias, por una parte; y los gastos de capital o inversión,
por la otra.
Cabe destacar, que a nivel mundial, el gasto del gobierno total relativo al
PIB aumentó drásticamente durante el siglo XX, no sólo en países de América
Latina, sino también en países industrializados y los mismos han visto
duplicarse la razón del gasto gubernamental a PIB desde 1938, tales como
Holanda, Francia y Estados Unidos, entre otros. Por tal motivo, el economista
alemán del siglo XIX Adolph Heinrich Wagner, predijo el aumento a largo plazo
de la participación del gasto del gobierno en el PIB y su formulación se conoce
desde entonces como la Ley Wagner.
En ese sentido, cabe destacar que el presupuesto público o fiscal, según Samuelson
(2000), desempeña tres grandes funciones económicas, en primer lugar, es un
instrumento por medio del cual el gobierno puede establecer las prioridades nacionales,
repartiendo la producción nacional entre el consumo y la inversión privada y pública
y dando incentivos para aumentar o reducir la producción en determinados sectores.
Desde el punto de vista macroeconómico, el presupuesto afecta a través de la política
fiscal, a los objetivos macroeconómicos clave. Por tal motivo, los gobiernos utilizan
la Política Fiscal, con el fin de ayudar a amortiguar las oscilaciones de los
ciclos económicos y contribuir a mantener una economía creciente de elevado
empleo y libre de una alta y volátil inflación.
En ese orden de ideas, el presupuesto público se compone de los ingresos y gastos
del gobierno, y que la diferencia entre los ingresos totales, excluidos los préstamos
obtenidos y los gastos totales, nos da el superávit fiscal si tal diferencia es
positiva; o el déficit fiscal si es negativa. Este saldo final es el que
determina la
variación en la posición neta de activos del gobierno y define sus
necesidades de
financiamiento, y el mismo depende del nivel de ingresos de la nación.
Con relación al déficit fiscal, éste constituye un grave problema económico
para los pueblos, puesto que las naciones para cubrir sus deficiencias de
liquidez, toman varias alternativas, entre ellas, la emisión de deuda pública,
a través de venta de bonos de la deuda, el financiamiento externo o interno, a
través de préstamos de la banca internacional o nacional, la devaluación y el señoriaje,
entre otros, y cada uno de ellos repercute negativamente sobre la economía
nacional. Cabe destacar, que el señoriaje, definido por Larraín y Sachs (ob.
cit), es “la emisión monetaria por parte del gobierno para obtener un flujo de
recursos reales, llamado también creación de dinero inorgánico, y esta creación
de dinero, origina un mayor proceso inflacionario, dado que representa un
financiamiento inflacionario” (p. 336).
Tal como lo plantea Massad (2000), “cuando el incremento en el gasto fiscal
se financia con emisión de dinero, aumenta la base monetaria, y con ella la
oferta monetaria total de la economía” (p. 252). El mismo autor señala, que
esta situación generará un exceso de oferta monetaria considerable, el efecto
es un aumento de la inflación y generalmente un deterioro de la cuenta
corriente de la balanza de pagos. Esa inflación adicional reduce el poder
adquisitivo de los saldos monetarios en poder del sector privado,
transfiriéndolo al consumidor. Este es el impuesto inflación. Y en consecuencia,
disminuye la calidad de vida de la población, dado que se reduce la capacidad
de compra de la sociedad De allí, que en países estables ese impuesto será normalmente
bajo, pero en muchos casos, en América Latina el financiamiento monetario del
déficit fiscal fue la fuente principal de financiamiento del Estado y el origen
de las altas inflaciones, que en general, han caracterizado a la región.
Dentro del contexto anterior, cabe destacar, y según lo señala Larraín y
Sachs (ob. cit.), en relación al déficit fiscal, que los países de la
Unión Europea en diciembre
de 1991, firmaron el Tratado de Maastricht, donde uno de los principales
objetivos del tratado, fue lograr cierta convergencia de las políticas
económicas de los quince países que componen la Unión Europea, en tanto, los
mismos establecieron varios criterios de convergencia como requisitos de
admisión a la moneda única. Tales criterios fueron: Inflación, deuda y déficit
fiscal, tipos de cambio e intereses nominales. En cuanto a la política fiscal,
el mismo autor señala, que el criterio fue que el déficit del gobierno, planeado
o efectivo, no debe nunca sobrepasar el 3% del PIB, además la deuda pública no
debe superar el 60% del PIB o acercarse a ese límite. Para fines de 1999, prácticamente
ninguno de los miembros potenciales de la Unión Monetaria Europea, tenía una deuda pública bruta inferior al valor
de referencia.
En términos generales, se ha considerado que el Tratado de Maastricht fue
la principal influencia en la mejora de los indicadores fiscales europeos
durante los años noventa, y que jugó un papel preponderante en detener la
creciente proporción del gasto del gobierno en el PIB.
Resumiendo lo antes señalado, cabe destacar, que un aumento del déficit
genera
un aumento de la deuda pública, ya que los déficits se financian mediante
préstamos, entre otros, y estos crecientes déficits se deben a un aumento de
los gastos del estado, más que a una disminución de los ingresos, por tal
motivo, el déficit excesivo contribuirá a reducir el nivel de ahorro nacional,
a desplazar la inversión privada y a generar grandes déficits de cuenta
corriente. Un fuerte endeudamiento con el exterior para financiar el déficit,
puede crear el escenario para una grave crisis de deuda.
En virtud de ello, es importante resaltar, la diferencia entre la financiación
de un determinado déficit presupuestario a corto plazo con deuda o con creación
de dinero inorgánico. Tal como lo explica Dornbusch y Fischer (2002), “la
financiación del déficit con dinero tiende a reducir el tipo de interés a corto
plazo, en comparación con la financiación con deuda, debido a que aumenta la
cantidad nominal de dinero, mientras que no ocurre así con la financiación con
deuda. A corto plazo, la financiación con deuda reduce el nivel de inversión en
comparación con la financiación con dinero” (p. 672).
De igual manera, los déficits también producen efectos a largo plazo, según
Delong (2003):
Un aumento del déficit significa un aumento de la deuda, lo cual explica que
el Estado debe más, es decir, tiene que pagar más intereses a los tenedores de
bonos de la deuda. El aumento de los intereses que tiene que pagar, exige con
el paso del tiempo una subida de los impuestos y esta subida, reduce la
iniciativa empresarial y la actividad económica. La producción por trabajador,
además de disminuir como consecuencia de la reducción de la relación
capital-producto, experimenta una reducción adicional, la subida de los
impuestos necesaria para financiar los intereses que hay que pagar por la deuda
nacional, produce efectos
negativos del lado de la oferta en la producción (p. 416).
Estos efectos negativos en la producción suceden, porque al incrementarse
los impuestos, no hay incentivos para el sector productivo nacional, trayendo
como consecuencia, que los costos de los insumos sean más elevados, y por ende,
el nivel de precios a nivel de consumidor también se encarece, también es
necesario aclarar que algunos países no sólo tienen ingresos por concepto de
impuestos, sino también obtienen renta por ingresos petroleros u otros recursos
naturales, pero los mismos están sujetos a shocks positivos o negativos, de
acuerdo al precio del producto de exportación, si se incrementa o disminuye en
el mercado internacional, debido a causas externas, las cuales afectan la
estabilidad de esos ingresos a la nación.
Ahora bien, el mismo autor concluye, que un elevado déficit presupuestario produce
tres tipos de efectos significativos en la economía. En primer lugar tiende a aumentar
las dimensiones absolutas del Estado en relación con el PIB, es decir, lo que se
vislumbra como un beneficio generado por un aumento del gasto, repercute negativamente
en futuras subidas de los impuestos, necesarias para financiarlo. En segundo
lugar, un aumento de la deuda nacional eleva los pagos de intereses, por lo que
el Estado debe acabar recaudando impuestos para efectuar dichos pagos. Y en tercer
lugar, un elevado déficit presupuestario público, frena a largo plazo el
crecimiento económico y hace que el PIB real sea menor que en caso contrario.
Lo que se traduce, que a mayor déficit presupuestario, el Estado tiene
menos disponibilidad presupuestaria para cumplir con sus compromisos, entre
ellos, el servicio de la deuda, el pago de pasivos laborales, las
transferencias, las inversiones de capital, y el cumplimiento de los programas
sociales para solventar los graves problemas sociales que afectan a los países,
en especial las economías en vías de desarrollo, como la pobreza crítica, la
pobreza extrema, entre otros.
Ahora bien, en armonía con estas ideas, en esta parte se presenta una interesante
discusión acerca de las Políticas Fiscales como instrumento de gestión macroeconómica
y su articulación con otras políticas de naturaleza social, monetaria y de
producción.
En lo relativo a la Política Social, se entiende la misma, como el conjunto
de medidas que adopta el Estado destinadas a paliar las deficiencias sociales,
a través de redes de seguridad social, las cuales comprenden el conjunto de
medidas previsivas, que conducen a garantizar a los habitantes de un país, los
medios económicos para lograr las condiciones mínimas de satisfacción de
necesidades, con relación a la salud, educación, dotación de servicios básicos
adecuados, generación de empleo, entre otros. En armonía con estas ideas,
Sunkel y Paz (1981), definen la política social “como la creación de sistemas
de previsión social, legislación laboral y ampliación de los servicios de salud
y educación, así como los de vivienda popular” (p. 76).
En esta perspectiva, entra en juego la gestión de lo social, la
responsabilidad estatal de promover y hacer cumplir los derechos sociales y en
virtud de ello, los programas sociales se deben estructurar cada vez más, con
base en la cooperación del sector público y sector privado, e involucrar a la
sociedad civil organizada para su ejecución. Tal como lo señala el Banco
Mundial (1997), “la eficacia del Estado es mayor cuando se escuchan las
opiniones del sector empresarial y de la ciudadanía en general y se propicia la
participación de ambos grupos en la determinación y aplicación de las políticas
sociales” (p. 11-12).
En concordancia con lo citado, los Estados deben aplicar estrategias y
acciones gubernamentales, a fin de reorientar el gasto público hacia los
sectores más pobres, con la finalidad de aliviar la situación de pobreza de los
grupos más vulnerables, de manera de asegurarles un nivel de vida adecuado y
redes de seguridad social para los que se encuentran en situaciones adversas.
En este sentido, el Banco Mundial (1990) señala, “La experiencia demuestra
también que se puede reorientar el gasto público a favor de los pobres, incluso
en un marco general de disciplina fiscal y dar a las transferencias una
orientación más precisa hacia grupos específicos” (p. 4).
En otras palabras, se deben concentrar los recursos públicos, en servicios,
programas sociales y transferencias hacia los grupos por debajo del nivel
mínimo de satisfacción de sus necesidades, a fin de suministrarles servicios
básicos esenciales a estos grupos en situación de pobreza, en especial,
atención básica en salud, educación, atención primaria, y tratar de insertarlos
en el mercado laboral. Por cuanto el Estado asume la responsabilidad de definir
y ejecutar las políticas sociales, a través de los programas sociales, con el
fin de reducir o atenuar los niveles de pobreza en la sociedad. Es por ello,
que la función básica de la política social es la reducción y eliminación de
las inequidades sociales, a través de la redistribución de los recursos, servicios,
oportunidades y capacidades. Este concepto incluye todas aquellas actividades
que contribuyen a la salud, educación, asistencia pública, seguridad social y vivienda
de la población y también aquellas que afectan, en general, la redistribución y
distribución del ingreso y las dirigidas a construir y conservar el capital
social.
Finalmente, cabe destacar, que el criterio primordial que debe seguir una
política social, que realmente promueva el mejoramiento de los grupos menos
favorecidos, es el de inversión social, la cual significa en lograr un adecuado
funcionamiento de los servicios para todos los sectores de la sociedad, en
crear la infraestructura de transporte y comunicaciones necesaria para la
producción y en otorgar a la población más vulnerable, un punto de partida para
superar las condiciones de pobreza en que se encuentran, a través de una
educación básica de alta calidad, con una cobertura total, que no haya sectores
excluidos y un estímulo a los servicios de salud e incentivos a la inversión
privada para la generación de fuentes de trabajo.
Con relación a la Política Monetaria, según el Banco Central de
Venezuela (BCV) (2005), “son decisiones del Banco Central que influyen sobre la
oferta monetaria, las tasas de interés y las condiciones financieras de la economía. Su
objetivo final es preservar el poder adquisitivo de la moneda, mediante la
creación de condiciones monetarias y financieras que favorezcan la estabilidad
de precios” (3). Los principales instrumentos de la política monetaria son, las
operaciones de mercado abierto, los requisitos de encaje bancario y los
créditos a los bancos. Las decisiones sobre política monetaria que toma el BCV,
pueden influir sobre las políticas fiscales, de acuerdo a las necesidades que
tenga el Estado o ente público, de liquidez para cubrir sus cuentas fiscales,
entre esas decisiones pueden estar, la devaluación de la moneda, la creación de
dinero inorgánico, la variación de las tasas de interés, entre otros.
En otras palabras, la política monetaria comprende el conjunto de acciones dirigidas
por el Banco Central, con el propósito de regular la circulación monetaria, y a
través de ella, incidir sobre el costo del dinero y la disponibilidad de
crédito para todos los sectores de la economía. Es decir, según López-Murphy
(2003), “una política monetaria se orienta a la estabilidad del nivel general
de precios, minimizando los shocks sobre la actividad real, que pueden causar
cambios básicos en los instrumentos cambiarios o monetarios” (p. 94).
En este contexto, cabe destacar, que la política monetaria es ejecutada a
través del Banco Central, al cual le compete la preservación del valor de la
moneda nacional, y en virtud de ello, procurar la normalidad y la sostenibilidad
del sistema de pagos interno y externo, la existencia de condiciones
financieras sanas en el país, la administración eficiente de las reservas
internacionales, la función de depositario de los fondos monetarios de las
instituciones bancarias, que correspondan a los encajes legales, la preservación
del poder adquisitivo interno y externo de la moneda, asegurar la continuidad
de los pagos en la economía, vigilar o regular el costo del dinero y supervisar
y asistir el funcionamiento del sistema bancario privado.
En virtud del un óptimo funcionamiento de la economía, las políticas
monetarias pueden ser de corte restrictivo o expansivo, cuando es de corte
contractivo, las acciones del banco central tienden a reducir la circulación
del dinero, a través de la emisión de bonos, títulos públicos, entre otros, y
ello origina que se eleve el costo del dinero mediante el incremento de las
tasas de interés, trayendo como consecuencia que se restrinja la demanda de
crédito y el gasto de la población, esta medida pudiera ser tomada por el banco
central, para bajar los niveles de inflación en la economía, porque habría
exceso de liquidez en manos del público, es decir, con la finalidad de absorber
excedentes monetarios, para garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda
de dinero.
Con relación a la política monetaria de corte expansivo, por el contrario,
se produce cuando el banco central aplica medidas orientadas a incrementar la
circulación monetaria en la economía, con lo cual disminuye el costo del dinero
y facilita la disponibilidad de crédito, trayendo como consecuencia, que se
estimule la inversión privada y el gasto de la población. Esta aplicación de
esta política pudiera originar incremento en los niveles de inflación.
En este orden de ideas vale acotar, que según Silva (2000), “los
instrumentos de política monetaria, son: 1) prestamista de última instancia a
través del redescuento y anticipo, 2) fijación de los requerimientos de encaje
legal mínimo, 3) operaciones de mercado abierto (OMA), 4) regulación de las
tasas de interés y 5) fijación de topes de cartera” (p. 161). Todos estos
instrumentos dan cuenta de los mecanismos que utiliza el banco central para
ejercer el control monetario, a fin de regular el crédito bancario y evitar el
acentuamiento de tendencias inflacionarias.
En atención a lo antes expuesto, vale expresar, que los objetivos que
persigue la política monetaria, son: 1) luchar contra la inflación, 2)
contribuir al crecimiento económico y 3) Ayudar a la estabilidad del tipo de
cambio. Con todas estas medidas, la Política Monetaria, contribuye con el
objetivo general de equilibrar la balanza de pagos, asegurar la continuidad de
los pagos internacionales del país y mantener la competitividad externa de la
producción doméstica. Para ello es necesario, contar con un nivel de reservas
internacionales suficientes para cubrir las necesidades de importaciones de
bienes y servicios, indispensables para el desempeño normal de la economía. De
igual manera, también contribuye en mantener una adecuada proporción entre la
liquidez monetaria y el nivel de actividad económica, con el objeto de impedir desequilibrios
que puedan alentar procesos inflacionarios.
Vale acotar, que es también función del Banco Central la conducción de la política
cambiaria, la cual está estrechamente ligada a la política monetaria, a través
del establecimiento del tipo de cambio. De igual manera, la política monetaria
y cambiaria actúan conjuntamente con la política fiscal, la cual tiene un papel
determinante con respecto al objetivo amplio de estabilidad. Tal como lo señala
Silva (ob. cit.), “la política fiscal a través de la imposición, el gasto
público, la deuda del Estado, la colocación de los fondos de la Tesorería
Nacional en la banca y demás entidades gubernamentales, son factores que
repercuten en el área monetaria y afectan los resultados de la política que se
siga en este sector” (p. 160).
En base a estas afirmaciones, a nivel nacional, es fundamental que se
profundice la coordinación de las políticas monetaria y fiscal, en el marco de un
conjunto de medidas de política económica que logren corregir el déficit y una
reducción importante y sostenible de la tasa de inflación. Este objetivo
requiere, asimismo, reformas estructurales e institucionales que permitan por
una parte, dotar al Banco Central de Venezuela, de instrumentos adecuados para
la realización de una gestión más eficiente de la Política Monetaria, y por la
otra, diversificar las fuentes de ingresos fiscales, racionalizar el gasto
público y reducir al máximo los elementos que introducen la discrecionalidad y
rigideces al mismo.
La tarea más inmediata que tiene el Banco Central de Venezuela, es reducir
y controlar las presiones inflacionarias, pero para ello, se requiere contar
con un Estado más eficiente que coadyuve al mejor funcionamiento de los
mercados. Es la mejor manera de lograr aumentos de la producción, de la
productividad y el empleo, sin que incrementos de la demanda, se traduzcan en
presiones adicionales sobre los precios.
Por otra parte, haciendo referencia a las Políticas de Producción, éstas
son medidas tomadas por el Estado para incentivar la producción e incrementar
la productividad, otorgando estímulos a la inversión privada a través de facilidades
de financiamiento en concordancia con la banca privada, con la finalidad de
obtener mejoras en el aparato productivo, a fin de generar nuevas fuentes de
trabajo para insertar en el mercado laboral los grupos que se encuentran en
situación vulnerable.
De igual manera, el Estado también genera empleo a través de la inversión pública
y promueve el financiamiento público por medio de sus organismos, para
incentivar a la creación de pequeñas y medianas industrias, a fin de crear
un crecimiento sostenido en la actividad económica que redunde en beneficios a
la población.
Finalmente, es de suma importancia que el Estado venezolano adopte
políticas públicas que estén articuladas entre sí, entre ellas las políticas
fiscales, conjuntamente con las políticas sociales, monetarias y de producción,
para lograr la consecución de los objetivos macroeconómicos, generando niveles
de bienestar en la población venezolana. Puesto que en la medida, en que se
desarrolle el sector productivo del país, a través de incentivos a la
producción para generar la elevación del empleo en la población, se controle el
proceso inflacionario a través de la preservación del valor de la moneda, y se
apliquen estrategias de crecimiento, en esa medida se estabilizará la economía
en un periodo sostenido.
Finanzas Públicas y el Derecho Económico como instrumento de la política fiscal para el equilibrio de la economía por LINARES VIZCARRA
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